SIMPOSIO DE DERECHO CANÓNICO
PRESENTACIÓN

Estimados amigos: autoridades eclesiásticas, civiles, académicas; docentes y estudiantes; oficiales de los tribunales eclesiásticos; abogados; trabajadores en los medios de comunicación social; y demás personas que nos acompañan: la Facultad de derecho canónico de la Universidad Pontificia de México se congratula de tenerlos con nosotros, para celebrar juntos este simposio, en el marco del vigésimo quinto aniversario de la reapertura de la Universidad Pontificia de México. La Universidad permite a nuestra Facultad organizar este evento porque también celebramos el mismo número de años de la promulgación del Código de Derecho Canónico.

¿Por qué hemos elegido este tema? ¿qué pretendemos? y ¿cómo podremos tener una participación activa?

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La Facultad de derecho canónico existe y desarrolla su misión en la Iglesia. Por tanto, no es ajena a la vida de la Iglesia. Por su parte, la Iglesia católica como institución es un componente más de la sociedad mexicana, y sus miembros también son ciudadanos de este país. De tal forma que vivimos una misma existencia, como católicos y como ciudadanos; o construimos la Iglesia y el país, o los afectamos negativamente a ambos.

Desde que los abusos sexuales por parte de clérigos se destaparon y alcanzaron grados tan escandalosos en los Estados Unidos de América, porque aparecieron simultáneamente los del pasado y los del presente, también salieron a la luz estos delitos en otras partes del mundo. La Iglesia católica en México no se ha visto libre de ellos. Algunos medios de comunicación y autores han informado de ello, desafortunadamente tejiendo con hilos de verdades y mentiras, de hechos e invenciones, de argumentos racionales y juicios apasionados. Y como uno de sus objetivos de la Facultad de derecho canónico de la UPM es prestar ayuda cualificada a la Iglesia que peregrina en México, en lo que se refiere al estudio y al aporte de soluciones a dificultades que eventualmente puedan surgir, no quiere ser ajena a este problema. Por eso ofrece este evento universitario para presentar las leyes penales de la Iglesia sobre los delitos imputables a los clérigos y sobre el modo de proceder para sancionar canónicamente.

FINALIDAD DEL SIMPOSIO

El asunto de los delitos canónicos atribuibles a los clérigos es un tema complejo y nos faltaría tiempo para examinarlo exhaustivamente. Por ello, sólo pretendemos tres objetivos: 1º) Exponer la legislación de la Iglesia sobre este asunto, ya que la Iglesia, como sociedad, se rige no sólo por principios, sino también por leyes; 2º) Ofrecer un espacio de reflexión y diálogo académico, de tal modo que los asistentes tengan oportunidad de dialogar con los expositores, presentando sus observaciones, dudas o preguntas; 3º) Formular propuestas en orden a prevenir estos delitos y afrontarlos; por lo cual, los organizadores estaremos agradecidos si nos hacen llegar estas propuestas y sugerencias, que turnaremos a las autoridades eclesiásticas competentes.

Este evento es de carácter académico, en el cual seis especialistas abordarán el tema desde diversos aspectos, por eso queremos advertir a todos que este simposio no constituye un foro para acusar o juzgar a personas concretas, ni mucho menos para lanzar condenas. No es el lugar ni el momento adecuados.

DESARROLLO DEL SIMPOSIO

Como está publicado en el programa, el simposio sigue una clara metodología: Hoy, el Dr. Guillermo Rodríguez Rico, profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la UPM, presentará el contexto general donde se ubican las leyes penales canónicas especiales para clérigos. De igual forma, hará alusión a los diversos delitos canónicos que pueden ser imputados a los clérigos y las respectivas sanciones.

Una vez dado el contexto general, es decir, la plataforma penal canónica, mañana el Dr. José Luis Sánchez-Girón, de la Universidad Pontificia Comillas, presentará las Normas particulares de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, promulgadas a raíz de la crisis vivida en la Iglesia católica del país vecino. Enseguida, el Lic. Juan Velásquez, renombrado penalista mexicano, nos hablará de los delitos de carácter sexual sancionados en la legislación mexicana, que también pueden son imputables a clérigos.

El miércoles, el Dr. Francis G. Morrisey, profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la Saint Paul University en Ottawa, expondrá el modo de llevarse el proceso penal canónico, a nivel diocesano y a nivel romano, para sancionar los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre todo el que se refiere a los delitos contra el sexto mandamiento del decálogo cometido con un menor de edad. Enseguida, el Dr. Kurt Martens, profesor en la Catholic University en Washington, disertará sobre el derecho de defensa del clérigo que es acusado de haber cometido un delito de carácter sexual. Asimismo, ilustrará su tema con la Praxis que se lleva a cabo en los Estados Unidos de América.

El jueves y último día, el Dr. Damián Astigueta, profesor estable de la Universidad Gregoriana de Roma, expondrá el Motu proprio Delicta graviora promulgado por el Papa Juan Pablo II y la correlativa Epístola de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ad exsequendam ecclesiasticam legem, por los que se reserva a esta Congregación el examen de los delitos más graves contra la fe, la moral y la celebración de los sacramentos. Como última actividad del simposio, habrá una mesa panel con cinco de los expositores, para que los participantes puedan presentar sus observaciones, preguntas, dudas, objeciones y aportaciones.

PRESUPUESTOS PARA EL SIMPOSIO

En los últimos años, la preocupación de las autoridades eclesiásticas se ha dirigido hacia la conducta de los clérigos, sobre todo a la que afecta la castidad. Pero no es el único campo en que los clérigos pueden realizar actos catalogados como delitos en la Iglesia. Sin embargo, es en el que se causa mayor escándalo. Por eso hemos decidido hacerlo objeto de nuestro estudio.

Permítaseme señalar unos presupuestos a tener presente mientras atendemos el presente simposio donde se ha de examinar las leyes penales que pueden afectar a los clérigos, diáconos, sacerdotes y obispos.

1. Los delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo

El c. 1395 es el que conmina con penas canónicas los delitos de carácter sexual imputables a clérigos. Y se refiere a estos delitos como "pecados o delitos contra el sexto mandamiento del decálogo". Por un lado, el clérigo es sujeto de sanción cuando vive en concubinato o con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo. Las sanciones van desde la suspensión hasta la expulsión del estado clerical. Por otro lado, se debe castigar con penas graduales, sin excluir la expulsión del estado clerical, a quien cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, siempre que se cometa con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor de edad.

Como podemos ver, la ley se refiere a los delitos contra el sexto mandamiento del decálogo, no usa la expresión "abuso sexual". Entonces, ¿Cómo interpretar la norma canónica? Según la doctrina de la Iglesia, el sexto mandamiento del Decálogo se refiere a la globalidad de la sexualidad humana (CIgC, 2336), la cual debe vivirse bajo la virtud de la castidad, entendida ésta como "la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual" (CIgC, n. 2337). No se traduce en una vida de abstinencia sexual para todos, más bien la virtud de la castidad califica a las personas según sus diferentes estados de vida: a unas, en la virginidad o en el celibato consagrado; a otras, de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o solteras. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal; las otras practican la castidad en la continencia" (Cf. CDF, Decl. Persona humana 11; CIgC, n. 2349). Podemos decir, entonces, que los pecados contra el sexto mandamiento del Decálogo se refieren a las ofensas contra la castidad, que en algunos casos también se catalogan como delitos cuando son externos, y pueden ir desde la lujuria y sus expresiones, la masturbación, la fornicación, la pornografía, hasta el adulterio, el concubinato, la prostitución y el abuso sexual.

2. El delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido con un menor

El derecho canónico tipifica el delito del siguiente modo: "delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido con un menor". Por tanto, cuando en la Iglesia haya una denuncia de esta naturaleza, lo que debe verificarse es si la conducta del clérigo califica como una violación objetivamente grave y externa del sexto mandamiento del Decálogo. Sin desdeñarlas, las Leyes penales del Estado no constituyen el criterio para juzgar este delito en la Iglesia. Para el derecho canónico, un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, no necesariamente debe referirse a una penetración al menor; y para ser objetivamente grave, el acto no necesariamente ha de implicar violencia física, contacto físico, o un resultado dañino; también puede incluir el contacto sexual o la explotación sexual de un menor u otra clase de conducta por la cual un adulto utiliza a un menor como un objeto de satisfacción sexual.1

Ahora bien, la recta aplicación de la ley penal canónica a los clérigos que cometen delitos de esta índole, no impide que la autoridad civil, es decir, la no eclesiástica, persiga estos delitos y los castigue, según las leyes penales estatales y federales. Tampoco debe, la Iglesia, obstruir esta recta administración de la justicia. Sin embargo, es muy posible que la valoración de un delito de esta clase no coincida totalmente entre una legislación y otra, pues son de naturaleza diversa.

3. La naturaleza y los fines de las leyes penales canónicas

La Iglesia católica posee unas leyes que rigen su vida y su misión. Una parte de estas constituye su derecho penal y otra su derecho procesal. En una se configuran los delitos y las sanciones canónicas, y en otra se establecen los procesos a seguir para declarar o imponer las penas. Ahora bien, hay que señalar que la naturaleza de estas leyes está conforme a la naturaleza y la misión de la Iglesia. Por tanto, cuando en la Iglesia se comete un delito canónico, la autoridad eclesiástica competente no tiene como primera actitud "aplicar todo el peso de la justicia", como se expresa en el ámbito judicial civil. La autoridad eclesiástica no debe olvidar que su misión es buscar la salvación de los fieles, incluso de los que han delinquido; por tanto, ha de buscar la reparación del escándalo, el restablecimiento de la justicia y la enmienda del delincuente, (c. 1341). Cuando estos fines se obtienen, ya no es necesario recurrir al proceso penal para imponer una pena, a no ser que, en ciertos casos, sólo la imposición de la pena pueda lograr el restablecimiento de la justicia.

4. Publicidad y discreción en el proceso penal canónico

Uno de los criterios que debe observarse en los procesos canónicos, y sobre todo el penal, es la publicidad y la discreción. Es decir, se trata de procesos públicos porque son llevados a cabo por autoridades públicas competentes en la Iglesia, las cuales deben salvaguardar el derecho de todos los involucrados de intervenir en dichos procesos. Sin embargo, estos procesos se rigen también por el criterio de la discreción, porque no están abiertos a todo público, sino sólo a los interesados. Más aún, cuando se trata de la eventualidad de declarar o imponer penas, las leyes penales canónicas establecen que las autoridades eclesiásticas deben conducirse con sumo cuidado, para no dañar el derecho a la intimidad y a la buena fama de las personas, tanto de la víctima y su familia como del victimario. Este es uno de los motivos por los cuales no hay mucha jurisprudencia disponible sobre causas penales canónicas. Es muy probable que esta escasez se deba también a la pasividad de algunas autoridades eclesiásticas, en el sentido de que no aplican las leyes penales canónicas como se debe. Y hay que subrayar que la pasividad de la autoridad eclesiástica, a veces se convierte en injusticia para las víctimas de los delitos de otros por no atenderlas, o en arbitrariedad para con los delincuentes por no actuar conforme a derecho. Sin embargo, estoy convencido de que la aplicación de una sanción canónica debe publicitarse tanto cuanto sea conocido el delito, para que el restablecimiento de la justicia tenga lugar y ayude a sanar la herida infligida a la víctima y a la comunidad cristiana.

5. La necesidad de la prevención de los delitos

El derecho penal canónico es un instrumento coercitivo y de persuasión para la observancia de la disciplina en la Iglesia (c. 1317): cataloga los delitos y establece las respectivas sanciones. Sin embargo, la Iglesia no puede limitarse sólo a persuadir a los fieles promulgando leyes penales, o a la reacción contra las conductas delictuosas sancionando los delitos cometidos. Se espera que también haya una normativa y unas estrategias que prevengan la comisión de los delitos y, sobre todo, que salvaguarden la integridad física, moral y espiritual de los fieles cristianos, especialmente de los menores de edad. Tenemos el ejemplo cercano de la Iglesia de los Estados Unidos de América, donde se han promulgados leyes particulares y reglas precisas en este sentido. También en la Arquidiócesis de México se han dado unas normas perfectibles que pretenden garantizar que los clérigos que llegan de fuera sean de costumbres intachables.

Permítaseme sumarme a las voces que proponen que haya una mejor elección y formación de los futuros sacerdotes, una atención más cuidadosa de la formación permanente del clero en cada Iglesia particular, instituto religioso o sociedad de vida apostólica. De igual modo, resultaría de gran ayuda que la Conferencia del Episcopado estableciera normas y estrategias para regular la conducta ética y profesional de los clérigos y demás personal que presta algún servicio en la Iglesia. Porque de ellos se ha de esperar que no haya la mínima sospecha de conductas contrarias el Evangelio.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Mons. Dr. Jorge Luis Roque Pérez, profesor de nuestra Facultad, que haya aceptado coordinar este evento y a su asistente la Lic. María del Carmen Battenberg Galindo, al Administrador de la Universidad, R.P. Francisco Zamarrón, y a todos los que han colaborado y están colaborando para hacer posible este evento.

Espero que el simposio responda a las expectativas de todos los presentes. Estoy seguro de que cada uno de los expositores está en la mejor disposición de compartir con nosotros sus vastos conocimientos y experiencia en la materia, objeto de nuestro encuentro.

Mario Medina Balam


1 Normas básicas para las reglas diocesanas/eparquiales que traten de alegaciones de abuso sexual de menores por sacerdotes o diáconos, 12 diciembre 2002, preámbulo.