La participación ciudadana en la consolidación de la democrática en México

La participación ciudadana en la consolidación de la democrática en México

Este estudio tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de nuestra participación como ciudadanos en la construcción de un México más democrático, en el contexto del proceso electoral 2021. Es cierto que no todos hemos sido responsables de los problemas que nos aquejan como sociedad, tales como la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la violencia o la injusticia social, pero sí somos responsables en la búsqueda de posibles soluciones para mejorar la convivencia social fundada sobre la igualdad social, la justicia y el desarrollo de una cultura que luche contra toda forma de dominación y exclusión[1].

Los mexicanos nos hemos caracterizado por el poco interés y participación en la vida política del país, debido a que el Estado cerró durante muchos años la posibilidad de acceso a los puestos electivos y de la función pública a todos los que no pertenecían al sistema corporativista o al partido político oficial. Los espacios públicos se reservaron únicamente para sus clientelas, con el fin de controlar los diversos sectores sociales y monopolizar el desarrollo económico y político del país. Esta situación nos ha llevado a interesarnos más por los asuntos de la esfera privada que por la búsqueda del bien común, a participar solo en los procesos de elección popular pero no en las decisiones concernientes a los asuntos de la vida pública.

Desde las protestas de los estudiantes en 1968 ha habido avances en la participación ciudadana para la transformación política del país, pero todavía persisten aspectos antidemocráticos que imposibilitan la participación de todos, en los cambios que necesita nuestro país. Las élites en el poder no han abierto todavía espacios públicos suficientes para que los ciudadanos participen democráticamente fuera de las elecciones, esto indica que si bien ha habido avances en el proceso electoral, no los ha habido para una verdadera transición a la democracia. Esta situación nos debe llevar a participar activamente en la construcción de un México más democrático y justo.

En este artículo presentaremos primeramente, un breve panorama histórico del sistema antidemocrático que construyó el régimen autoritario posrevolucionario hasta los años ochenta; en un segundo momento, presentaremos algunos cambios que se generaron a partir de esa década y que permitieron a los ciudadanos la participación en el ámbito político, en un contexto de transformación económica neoliberal; finalmente propondremos algunas acciones prácticas que debemos considerar para que nuestra participación como ciudadanos fortalezca la democracia que necesita nuestro país.    

1. El régimen antidemocrático posrevolucionario

El Estado revolucionario integró el caciquismo[2] y el caudillismo[3], heredados de la época virreinal e independiente, en el nuevo sistema político. Así los nuevos caciques y caudillos de la revolución, como sus ancestros, llamaron a sus parientes, compadres o amigos para compartir con ellos el poder, conformando verdaderos clanes familiares en la conducción del país. Para que sus allegados no perdieran su posición social y política, el jefe (cacique o caudillo) se perpetuaba en el poder para sustentar a las clientelas que lo asistían. Como lo afirma François Chevalier: “el cacique debería ser generoso, por lo que debería de amasar una fortuna considerable a través de la confiscación de tierras, la desamortización o nacionalización, el monopolio de importación o de fabricación, los contratos para los trabajos públicos, la participación en las empresas nacionales o extranjeras”. De ahí el dicho “político pobre, pobre político”.

Lázaro Cárdenas, para salvar al país del cacicazgo y del caudillismo, creó el Estado corporativo, basado en alianzas entre los diferentes sectores sociales y el Estado. De esta manera la élite revolucionaria integraba a los grupos sociales al nuevo sistema, como los obreros y los campesinos, que no habían sido tomados en cuenta durante el régimen porfirista. Con el fin de instaurar un sistema nacionalista y populista[4], el Estado comenzó a distribuir tierras a los campesinos y asignar los recursos económicos del país a sus clientes; posteriormente monopolizó también el sector salud y la educación de su población al desarrollar instituciones de seguridad social e implantando una educación que transmitiera la ideología nacionalista y revolucionaria. Esta estructura corporativista y las ofertas políticas asistenciales permitió al régimen autoritario tomar en sus manos la conducción del país y controlar a la sociedad mexicana, con el fin de encausar las demandas sociales y asegurar la estabilidad del régimen, impidiendo así que las reivindicaciones sociales se transformaran en conflictos subversivos.

Este control social convirtió la actividad política en un asunto de compra-venta, en el que la autoridad presidencial que detentaba poderes casi absolutos e incontestables y que se situaba en la cúspide de la estructura piramidal del sistema, vendía o transmitía los puestos políticos a sus clientes que estaban afiliados al régimen. Es así como la corrupción se difunde como una de las principales vías de acceso a puestos de poder o para beneficiar a las clientelas cercanas al poder[5]. Estas prácticas de corrupción se han extendido en la sociedad mexicana hasta nuestros días, a través de la famosa “mordida”, con el fin de adquirir algún beneficio personal o comunitario que por derecho le corresponde al ciudadano y que el sistema burocrático-administrativo gubernamental le niega o le retrasa. Ciertamente el clientelismo de estos grupos corporativistas y su control, permitieron la duración y la estabilidad del sistema político mexicano hasta el año 2000.

El Estado posrevolucionario se convirtió también en el principal impulsor del desarrollo económico al eliminar a muchos latifundistas de la época porfirista. El sistema político, convertido en un régimen nacionalista y populista, va a intervenir en la regulación y conducción de la economía nacional, a través de la concesión de créditos una vez que monopoliza la banca, por lo que las inversiones de las empresas privadas dependieron también del Estado. Con esta política económica proteccionista crea grandes empresas públicas incorporadas al Estado con el fin de proveer los bienes de subsistencia cotidiana y la inversión de capital en las estructuras del país. Esta relación de dependencia de la economía nacional y la subordinación de los empresarios al Estado comienza a derrumbarse a partir de los años 80, debido a la apertura política y a la liberalización de la economía.

2. Los cambios coyunturales en la década de los ochenta

El modelo corporativista[6] que había dado estabilidad al régimen autoritario posrevolucionario y había movilizado a los diversos sectores sociales con fines políticos, especialmente para apoyar al partido de Estado en los procesos electorales, se debilita con la aparición de nuevos grupos sociales, que no estaban supeditados al poder estatal. 

La causa que desestabilizó al régimen fue el establecimiento de la economía neoliberal impulsada por un grupo de tecnócratas pertenecientes al Estado, en los años ochenta del siglo pasado. Esta iniciativa causó una escisión política en el partido de Estado, al enfrentarse la élite gubernamental fiel a los principios nacionalistas revolucionarios y defensores del Estado-Providente[7] con el grupo liberal tecnócrata, que impulsaba la privatización de las empresas estatales e intentaba disminuir el rol del Estado en la vida económica y social del país. Es así como el grupo nacionalista rompió con el partido de Estado al oponerse a la tecnocracia liberal para formar un frente común con la izquierda, representado en el Frente Democrático Nacional. Esta nueva corriente crea un nuevo partido político, denominado Partido de la Revolución Democrática, que realiza una importante campaña electoral en 1988, con el fin de regresar a los ideales de la Revolución Mexicana. Posteriormente fue un candidato de derecha quien puso fin a 71 años del régimen priista. El Partido de Acción Nacional gobernó México durante 12 años hasta que retornó nuevamente el Partido Revolucionario Institucional en 2012. En el proceso electoral del 2018, llega al poder un partido de izquierda, denominado Movimiento de Regeneración Nacional.

Esto demuestra que hoy en día el sistema político de México está más abierto con la participación de varios partidos políticos en las elecciones, sin que se haya instaurado una auténtica democracia, más bien se ha instalado una verdadera partidocracia. Un avance significativo para la democracia en México lo encontramos en la creación de un Instituto Federal Electoral (IFE), que ahora se denomina Instituto Nacional Electoral (INE), y que conduce todas las elecciones del país y sirve para legitimar las elecciones. Esto ha permitido cuatro contiendas electorales libres y tres alternancias políticas por la vía pacífica.

La transformación económica del país también contribuyó para que se instauraran algunos cambios democráticos en México. Cuando el país se desestabiliza económicamente debido a las crisis de la deuda en 1982, del petróleo en 1986 y de la devaluación del peso en 1994, el Estado tuvo que realizar ajustes económicos que lo llevaron a reducir los fondos públicos disponibles con las que respondía a las demandas habituales de los sectores sociales del pacto corporativista y por lo mismo tuvo que abandonar su rol protagónico en el desarrollo del país, así como su ideología popular nacionalista salida de la Revolución Mexicana. Por su parte, las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, presionaron al régimen mexicano con el fin que promoviera la apertura democrática en México, para otorgarle los préstamos económicos que necesitaba el país.

Este impulso económico fue promovido por una nueva élite de tecnócratas que se había formado en las universidades norteamericanas, impulsoras del neoliberalismo a escala global. Estos tecnócratas al instaurar un nuevo régimen en México, que abandona el nacionalismo económico, apoyan a los empresarios e impulsan la exportación y la liberalización de los mercados mexicanos. La privatización de las grandes empresas públicas (con excepción de la petrolera) y una alianza con los capitales extranjeros estuvieron a la base en la firma del Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

La liberalización económica y el impulso de la inversión extranjera internacional han llevado a los dirigentes del país a poner más atención a la vulnerabilidad de los mercados financieros internacionales, que las demandas sociales de los mexicanos. Esto explica que la apertura al mercado internacional también ha fragilizado a la democracia en México, debido a que los políticos al asumir el control de la economía nacional, tienen más libertad para realizar las reformas económicas requeridas para adecuarlas a los intereses del mercado internacional. El liberalismo económico también ha concentrado la riqueza del país en las manos de una pequeña élite beneficiaria, dejando al margen del crecimiento económico del país a la inmensa mayoría de los mexicanos, que viven en la extrema pobreza.

3. La participación de la sociedad civil en la construcción de la democracia en México

La participación de las organizaciones civiles y de los movimientos contestatarios, que hicieron frente al Estado autoritario, fue posible gracias al margen de libertad personal permitida en un régimen que reprimía la autonomía social. Fue en este contexto en donde el activismo de los ciudadanos se fue desarrollando paulatinamente ante los desafíos que planteaban los cambios políticos y económicos generados en las últimas décadas. 

La sociedad civil hace su aparición en el espacio público, con las reivindicaciones políticas manifestadas por los estudiantes en 1968, que contestaban a una sociedad burguesa y a un Estado autoritario y antidemocrático. Estas protestas fueron reprimidas por el gobierno debido a que las manifestaciones sociales expresadas al margen de los sindicatos oficiales, eran consideradas como desórdenes de orden público y una amenaza para la seguridad del país. Este acontecimiento es considerado como el inicio del declive del régimen de Estado que comienza a ser contestado. Posteriormente fueron los empresarios los que buscaron liberarse de la dependencia del Estado con el fin de defender sus intereses económicos, presionando al gobierno para que abandonara la conducción económica del país. Este sector emprendedor intensificó sus protestas al gobierno, cuando el Estado promovió la expropiación de los bancos y de los créditos comerciales e industriales, para hacer frente a la crisis financiera que se generó en México ocasionada por el derrumbe de los precios del petróleo en 1982. Este fue el motivo por el que los empresarios se acercaron cada vez más la Partido Acción Nacional, que en sus propuestas políticas y económicas expresaba un apoyo al sector empresarial.

La movilización social se hizo también presente en los terremotos de la ciudad de México en 1985, debido a la ineficacia del gobierno para hacer frente a la catástrofe.  Tres años después, la sociedad volvió a organizarse ante el fraude de 1988, que marca el inicio de una etapa nueva en la historia política de los últimos años. De esta manera la participación ciudadana, a través de manifestaciones públicas, contesta a la corrupción del Estado expresada en los fraudes electorales. Durante decenios, el sistema burocrático del régimen, no solamente había excluido a los ciudadanos en la participación democrática, sino también del acceso a la información sobre la gestión de los funcionarios públicos. Gracias a esta participación de la sociedad civil, este derecho se reconoció cuando se aprobó de la “ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental”, el 11 de junio del 2002. Esta ley se aplicó con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), responsable de transparentar el empleo de recursos públicos y mediar los litigios que oponen la administración central y sus usuarios.

La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1 de enero de 1994) fue otro momento en que se hizo presente la sociedad civil para protestar contra las desigualdades sociales y contra el Tratado del Libre Comercio que entraba en vigor en esta fecha. Su objetivo era dar a conocer las condiciones precarias que padecían los indígenas y exigir la instauración de una verdadera democracia, el respeto de la libertad y la elaboración de una justicia social. A través del grito YA BASTA, condenaba el capitalismo, el autoritarismo gubernamental, la corrupción, el racismo, la pobreza y todo tipo de dominación como el social, político o económico. Este movimiento social exigía también el derecho a autogobernarse, a ser reconocidos como mexicanos bajo el lema ¡Nunca más un México sin nosotros! En los últimos años han aparecido otros movimientos sociales como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, animado por el poeta Javier Sicilia, que defiende los derechos de las víctimas inocentes en la lucha contra el narcotráfico; el movimiento #YoSoy132, que movilizó a los estudiantes durante la campaña electoral de 2012, o los movimientos que denuncian los feminicidios que se han acentuado en nuestro país.

Estos momentos históricos nos ayudan a comprender la importancia de la participación de la sociedad civil en la promoción de desarrollo de nuestro país, en la promoción del respeto de los derechos humanos y en la búsqueda de la democracia contra un régimen autoritario. Los ciudadanos han promovido una incipiente democracia participativa para permitir la expresión de la voluntad de los ciudadanos, como las consultas públicas (plebiscitos), tal como la consulta zapatista en 1995.

4. Todos llamados a fortalecer la democracia en nuestro país

La insatisfacción e indignación ante la situación por la que atraviesa nuestra nación, así como la aspiración a una vida digna para todos, nos debe de motivar a la instauración una auténtica democracia en México. Nuestra participación en la vida política del país debe tener como objetivo la búsqueda del bien común y el establecimiento de una sociedad más justa, que ofrezca a cada ciudadano una mejor calidad de vida. Esta concepción nos debe de ayudar a superar la percepción negativa que tenemos del quehacer político en nuestra patria, debido a los abusos que se han cometido durante décadas, como el clientelismo, la corrupción, la impunidad, la ineficacia gubernamental, el egoísmo de personajes y partidos políticos que buscan solamente sus propios intereses.

Para ya no depender de las organizaciones intermedias supeditadas al Estado, ni de los intereses del empresariado, ni de los sindicatos, los ciudadanos debemos participar en los asuntos públicos, porque todos tenemos el derecho a expresarnos libremente para emitir nuestras decisiones a través del sufragio. Pero nuestra participación será más efectiva si promovemos una democracia participativa que no se limite solamente con la emisión de nuestro voto en el proceso electoral. La democracia participativa se concretiza cuando los ciudadanos, sin depender del paternalismo estatal, aportan una solución a las necesidades comunitarias como los servicios públicos, la seguridad en el barrio o en el pueblo, o cuando luchan para los derechos de la mayoría sean respetados. Votar en las elecciones o presentarse como candidato constituyen medios oficiales de participación democrática pero también podemos participar cuando estamos bien informados de la evolución de los asuntos públicos y discutimos con respeto los problemas comunitarios para buscar posibles soluciones. Por lo tanto, los electores no deben sentirse satisfechos únicamente con emitir su voto en una urna en las contiendas electorales, sino deben de aspirar a un modo más democrático de participación en las instituciones que eligen.

El estudio histórico nos ha demostrado que a través de la organización comunitaria es posible denunciar los abusos de nuestros gobernantes o partidos políticos, tales como la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, el clientelismo, el populismo, la manipulación, el desvío de fondos, la acumulación de problemas, los fraudes electorales, el paternalismo, con el fin de crear y reforzar el tejido social tan deteriorado en nuestro país. Pero también debemos tomar conciencia que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad como ciudadanos para superar nuestras deficiencias cívicas, como el desinterés por el bien común, la pasividad político-social, la corrupción personal, la complicidad, la indiferencia por los problemas comunitarios, porque solo así podremos desterrar la injusticia, la miseria, la ignorancia y la pobreza. Durante muchos años fuimos gobernados por un Estado providente-paternalista, que nos ha hecho vivir bajo una dependencia pasiva, sin permitirnos ser los protagonistas de la vida pública y moral. Este paternalismo nos ha llevado a comportarnos como niños que solo reclaman sus derechos pero no cumplen con sus obligaciones. Nuestro país tiene necesidad de un pueblo participativo, en donde sus ciudadanos sean exigentes y tomen la iniciativa para proponer, denunciar, corregir y dialogar. Esta es la razón por la que la participación de los ciudadanos es fundamental para instaurar la verdadera democracia en nuestro país, ya que así ayudaremos a tomar decisiones y presionaremos a los gobernantes para que asuman debidamente su responsabilidad de frente a la población, construiremos la paz, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos.

Para que nuestra participación democrática se más efectiva, debemos conocer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos en el proceso democrático. Entre los derechos que poseemos podemos mencionar en primer lugar el derecho a la manifestación libre para expresar aquello que pensamos, en otras palabras, el derecho a la libertad de opinión y expresión; en segundo lugar, tenemos el derecho a encontrar a otras personas, es decir, a reunirnos y asociarnos libremente; en tercer lugar, poseemos el derecho a expresar nuestras preferencias, para elegir libremente a los candidatos de nuestra preferencia y tomar la palabra en las reuniones públicas; en cuarto lugar, debemos hacer valer el derecho a promover el cambio socio-político a través de la petición, la propuesta, el debate y la manifestación pacífica; otro derecho fundamental que no debemos olvidar es la posibilidad de llegar a ser representantes de la comunidad civil, como candidato en las elecciones, para fundar un grupo, para hacer campaña para un candidato o partido político, pero siempre a través de un compromiso serio.

Entre las obligaciones más importantes que tenemos los ciudadanos para instaurar una auténtica democracia en nuestro país, podemos mencionar en primer lugar el informarse sobre la trayectoria de los candidatos propuestos para conducir al país, con el fin de hacer una elección clara; la obligación de votar en las elecciones en los diferentes niveles, con una participación activa; discutir en política para exponer nuestras propias ideas en el intercambio con otros; respetar el punto de vista de los otros a través de la tolerancia política; ser constantes en nuestros compromisos cívicos, a pesar de la contestación de otros ciudadanos.

Preguntas para reflexionar:

1. ¿Crees que los abusos antidemocráticos que han marcado la historia de nuestro país sigan influyendo para que no se instaure una verdadera democracia en México?

2. ¿Has participado en algunas actividades que promueven el bien común o te has conformado solo con emitir tu voto en los procesos electorales?

3. ¿Conocías tus derechos y deberes ciudadanos para participar activamente en los cambios democráticos que requiere nuestro país?

Pbro. Dr. Antonio Cano Castillo
Coord. Lic. Historia de la Iglesia

 

Notas

[1] Esta reflexión está sustentada en algunos estudios de connotados especialistas que reflexionan sobre la participación ciudadana en la transición democrática en nuestro país: Ortega Ortiz Reynaldo-Yunuen (Ed.), Caminos a la democracia, El Colegio de México, México 2001; Revuelta Vaquero Benjamín/Patrón Sánchez Fernando (Coords.), Democracia participativa. Visiones, avances y provocaciones, Instituto Federal Electoral Centro para el desarrollo democrático/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México 2010; Ai Camp Roderic, Las élites del poder político en México, Siglo XXI, México 2006; François Chevalier, L’Amérique Latine de la Indépendance à nos jours, Presses Universitaires de France, Paris 1977.

[2] El cacique era el sucesor del tlatoani (señor indígena) en la república de indios que servía de intermediario entre las autoridades españolas y las comunidades indígenas con el fin de someterlos y controlarlos; posteriormente se convirtió en el intermediario entre la modernidad política y el enorme mundo rural de provincia. Él era el único que podía transmitir y aplicar localmente las órdenes del gobierno central o el que enviaba las demandas de sus subalternos a las autoridades superiores.

[3] El caudillo era el jefe militar salido de la guerra de independencia o de la revolución mexicana que dominaba una región del país, en donde reclutaba a sus seguidores. El caudillo liberal era considerado por sus partidarios como “el pueblo que actúa”, el “brazo armado de la nación” contra los “malos gobiernos” o contra “la tiranía” de los hombres que se perpetuaban injustamente en el poder.

[4] El populismo es la ideología o la actitud de ciertos movimientos políticos que exaltan al pueblo en oposición a la élite de gobernantes, al gran capital, a los privilegiados y a las minorías que acapararon el poder, a quienes se les acusa de haber traicionado egoístamente los intereses de las mayorías.

[5] El clientelismo político tiende a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones o partidos políticos para lograr su apoyo.

[6] El corporativismo estructura la organización del sistema económico y político por medio de asociaciones de trabajadores, empresarios, profesionales, subordinados al poder del Estado, y cuyas decisiones son corporativas y no personales.

[7] Sistema económico en el que el Estado asume la responsabilidad y la prestación de un gran número de servicios, como educación y sanidad, y cuyo coste se cubre con el presupuesto estatal.

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