¿Vivir o convivir?: Una cuestión pública y laica

¿Vivir o convivir?: Una cuestión pública y laica

En febrero de este 2021, vecinos de la Sra. Lorenza Reyes, de 95 años, en la alcaldía de Tlalpan, grabaron y difundieron un video en el que Miguel Ángel, uno de sus hijos, la maltrataba física y verbalmente. En junio de este mismo año, los usuarios de las redes sociales hicieron viral otro video, donde se observa a una mujer, presuntamente madre de un niño invidente al que golpea repetidas veces, en el municipio de Tonalá, Jalisco.

Más casos, como los dos anteriores, se encuentran fácilmente en internet. Se trata de agresiones verificadas en el seno familiar que, sin embargo, han indignado no sólo a la gente del barrio, sino a los cibernautas, al grado de exigir la intervención de las autoridades.

Ante hechos como los narrados, cabe preguntarse ¿con qué derecho pueden terceras personas reclamar el arbitraje de la autoridad, si se trata de eventos acontecidos en el ámbito familiar? ¿Es la convivencia, entre personas de una misma familia, un asunto privado? ¿Pueden los padres abusar física, sexual o psicológicamente de los hijos o éstos de sus progenitores ancianos y vulnerables? ¿La autoridad pública debe hacerse a un lado para que los integrantes de la familia se relacionen como parezca a los más fuertes de entre ellos?

Por otra parte, uno se puede uno preguntar ¿qué repercusión pública tienen las conductas privadas como el consumo del tabaco, del alcohol, el uso del cinturón de seguridad o la ingesta de comida chatarra, de tal suerte que también podría ser competencia de la autoridad advertir y regular tales comportamientos?

Parecería claro que, por ejemplo, en el terreno familiar, sus integrantes pueden conducirse libremente, según su propio juicio, sobre todo, en lo referente al ejercicio de la sexualidad, pues éste es obviamente un asunto privado. Por tanto, resultaría igualmente claro que tampoco el poder público tendría alguna injerencia en tal espacio. Por ello, se podría argumentar, de modo irrefutable y conclusivo, que el Estado, democrático y laico, “no debería utilizar controles para limitar, reprimir o inhibir las libertades individuales que se identifican como parte de las convicciones personales.”

¿Pero puede el poder público, en nombre de su neutral laicidad, hacerse a un lado cuando la libertad individual de unos, motivada por personales convicciones ideológicas o religiosas, transgrede los fundamentales derechos de otros? En todo caso, si el respeto a la libertad individual debe ser absoluto, sin que se le pueda limitar, inhibir o reprimir, pese a trasgredir el derecho ajeno, ¿no debería la autoridad pública, al menos, defender el derecho de los ofendidos? ¿Puede prevalecer parcialmente el derecho de uno con perjuicio del derecho del otro?

Es innegable que la libertad es un derecho fundamental de los individuos, pero no resulta evidente que tal derecho pueda invocarse a costa del derecho de otro o del bien público. No podemos olvidar que no existe, ni subsiste el individuo fuera de un grupo. En tal sentido, tampoco se puede hablar, en absoluto, de un derecho individual, ni aún cuando se trata de la propia vida porque la vida, desde sus orígenes, no existe de modo individual, sino como un hecho social, es decir, como con-vivencia. En efecto, la vida resulta imposible fuera de la relación interpersonal que la causa y la sostiene.

Con razón decía el conocido magistrado humanista, Montaigne que cada individuo lleva , en sí mismo, la entera forma de la condición humana, en cuanto que, como explica  su compatriota francés, Edgar Morin, cada cual no es sólo un individuo, sino complementariamente, una trinidad de individuo/sociedad/especie. Así, por ejemplo, sobre el obvio derecho individual al ejercicio sexual, pesa la responsabilidad social de un intercambio carnal, libremente consensuado que no dañe la integridad física de las partes, al igual que la responsabilidad de promover y preservar el bien común del propio grupo y de toda la especie. La vida como convivio (especie/sociedad) es un evidente fenómeno biológico; valga decir, animal.

Cabe aquí recordar, entonces que, en junio pasado, se hicieron virales las imágenes de los dos perritos que cayeron accidentalmente en el socavón de Puebla. La sensibilidad social movilizó a las autoridades para que se involucraran en su rescate. Ciertamente, hoy parece esperanzador que se fomente el cuidado y la defensa de toda forma de vida animal y vegetal. Es alentador el aumento de esa conciencia ciudadana que promueve la protección de los individuos de las especies, sobretodo, cuando están en peligro de extinción porque sin individuos no hay especies, ni viceversa. En consecuencia, nos convendría hacer a un lado los complicados argumentos que marginan la elemental evidencia de que también los humanos somos animales, aunque presumamos ser racionales.

La actual pandemia, a causa del SARS-CoV2, nos enseña, a su modo, que la vida no es un asunto meramente privado, sino ante todo, una cuestión pública porque el bien propio es el bien del otro. Sería muy preocupante que a la defensa de la vida se la pensara como una cuestión originariamente religiosa o ideológica, y no como lo que naturalmente es: una cuestión laica ante la que un estado laico no tendría por qué hacerse a un lado ya que, precisamente, el bien común es la matriz del papel político que justifica la razón de ser y quehacer del estado.

Pbro. Dr. Alberto Anguiano García.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Diseño web por dosbytes.com.mx