ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA IGLESIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA IGLESIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA IGLESIA

La administración de la justicia en la Iglesia particular es competencia del Obispo diocesano, revestido de la potestad de régimen. Pero es una función que se ejerce directamente desde la potestad judicial; sólo en ciertos casos se imparte justicia administrativamente, desde la potestad ejecutiva de régimen.

En este sentido, ahora hablamos de la administración de la justicia, aplicada, sobre todo por los tribunales eclesiásticos. Con ello, no ignoramos que la justicia también puede aplicarse desde la potestad administrativa (cf. c. 1342 § 3).

Al hablar de «administrar justicia» o de «hacer justicia», nos referimos concretamente a la tutela de los derechos de todos los fieles cristianos, desde la potestad de régimen y a través de los procesos canónicos, según el criterio de la observancia de la ley y los principios de la equidad canónica y de la caridad.

Son principalmente, además del Obispo, el Vicario judicial, los Vicarios judiciales adjuntos y los Jueces diocesanos, quienes administran justicia en la Iglesia.

Esta delicada tarea se ejerce en la comunión jerárquica, es decir, respetando la competencia propia y la competencia de la autoridad o de los tribunales superiores. También se ejerce observando estrictamente las normas del derecho canónico. Por lo cual, no debe asumir esta función quien no conoce ni el derecho sustantivo ni el derecho procesal canónico. Es como si permitiéramos que en los tribunales del Estado se nombraran jueces a personas que no han estudiado derecho. ¿Qué tipo de justicia administrarían?

Para una administración real de la justicia, los jueces deben actuar, teniendo siempre ante los ojos, los siguientes principios fundamentales: el principio del favor veritatis, es decir, que los debe guiar siempre la búsqueda constante de la verdad y no cualquier interés particular, ni una «falsa pastoralidad» o una «falsa caridad». Tratándose de las causas de nulidad matrimonial, esta búsqueda de la verdad se concretiza en el principio del favor matrimonii, es decir, que el derecho está a favor del matrimonio, de tal manera que si un matrimonio no se prueba que haya sido inválido, se seguirá presumiendo válido. Por ello mismo, el juez sólo emite sentencia cuando ha llegado a la certeza moral de las cosas, basado en las actas y en las pruebas del proceso. Otro de los principios que debe guiar la actividad de los jueces es la «equidad canónica» (iustitia dulcore misericordiae temperata = la justicia atemperada por lo dulce de la misericordia), que los conduce a buscar siempre el bien común y la salvación de las almas, sin traicionar a la verdad.

Es necesario despojarse de prejuicios contra el derecho canónico y procurar que haya más clérigos, religiosos y laicos que quieran formarse en esta disciplina. El conocimiento de las leyes de la Iglesia no es garantía de una correcta administración de la justicia, pero es uno de los requisitos necesarios.

Colofón

La Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de México se ha consolidado como institución de calidad, formadora de buenos canonistas. La avalan sus 220 titulados en licenciatura, que están realizando eficazmente sus oficios o dando clases, en las diferentes Diócesis e Institutos de vida consagrada o Sociedades de vida apostólica. Nos enorgullece también que algunos egresados hayan sido llamados a laborar en la Curia Romana y en la Diplomacia de la Santa Sede.

Pbro. Dr. Mario Medina Balam

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