Acerca de algunas sentencias recientes en materia de aborto  de la Suprema Corte de Justicia de México: CEFABIOS

Acerca de algunas sentencias recientes en materia de aborto de la Suprema Corte de Justicia de México: CEFABIOS

Acerca de algunas sentencias recientes en materia de aborto de la
Suprema Corte de Justicia de México

Centro de estudios de familia, bioética y sociedad de la Universidad Pontificia de México
CEFABIOS

 

Una serie de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana ha puesto nuevamente en discusión algunos derechos humanos como son el derecho a la vida del no nacido, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el consecuente derecho a la objeción de conciencia del personal de la salud, así como los derechos sexuales y reproductivos, en el contexto de una sociedad mexicana que se caracteriza, cada vez más, por ser plural. Como Centro de estudios de familia, bioética y sociedad de la Universidad Pontificia de México, sentimos el deber de expresar nuestro punto de vista acerca de esta importante cuestión que atañe a todos los mexicanos.

Ante todo, quisiéramos preguntarnos si una cuestión tan altamente compleja debería ser dirimida sólo en una corte, dado que involucra aspectos no sólo jurídicos, sino también de naturaleza científica, médica, antropológica, ética, religiosa, psicológica y social, entre otros.  Hasta ahora, con clarividencia, la corte no había querido, como es justo, tomar partido sobre definiciones que, al menos, se puede señalar que son debatidas entre la comunidad científica, y entre las distintas escuelas de pensamiento, acerca del inicio de la vida humana. Sin embargo, en las recientes sentencias asume una postura en una dirección específica. Cabe luego preguntarse ¿si realmente corresponde a una Corte Constitucional ser árbitro en el debate científico internacional, y, todavía más, cuando se trata de aspectos de orden antropológico y moral?

Precisamente por esta última razón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, después de la atroz experiencia de regímenes dictatoriales que aplastaron la dignidad del ser humano en tantas formas, en su artículo 18, proclamó el respeto a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que ha dado lugar, entre otras cosas, al derecho a la objeción de conciencia sanitaria – no sólo de los médicos, sino de todo el personal del mundo de la salud-, frente a imposiciones de protocolos, curas y procedimientos, que consideran atentatorios contra su libertad de cura, su ciencia médica o sus convicciones éticas. Prácticamente, todos los códigos de deontología del personal de la salud reclaman y reconocen este derecho. Llama la atención que, en el reciente debate, haya sido el órgano que debe velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos, quien haya presentado una denuncia en contra de la objeción de conciencia frente al aborto. Y este hecho debería hacernos reflexionar acerca de la neutralidad de un órgano que debe serlo por naturaleza y que más bien parece servir a una determinada agenda.

De igual manera, la resolución final de la Corte sobre la objeción de conciencia plantea varios interrogantes para las personas de conciencia recta. Por una parte, reconoce que el derecho personal a la objeción de conciencia está protegido por la Constitución y, por otra, exhorta al poder legislativo a elaborar una nueva legislación de manera que ésta no impida la realización de abortos. De una parte, la falta de reconocimiento de la objeción de conciencia institucional para proteger a las instituciones hospitalarias que por sus idearios e identidad institucional no aprueban el aborto de ninguna manera, como son las instituciones religiosas, no sólo católicas, mayormente presentes en este País, sino de todo tipo que con esta legislación verán violentado su derecho a la libertad religiosa y de conciencia. También los mismos objetores podrían ser obligados, ante presuntos casos de necesidad, no precisamente médicos ya que, como es sabido, ante los verdaderos casos urgentes que ponen aquí y ahora en riesgo la vida de la mujer gestante, siempre es posible intervenir, sin que la acción se configure como una acción abortiva o a tener que derivar a la paciente a otro médico no objetor, lo cual sería una acción de colaboración a la realización del aborto que violenta igualmente la conciencia del médico objetor.

Una de las cuestiones que frecuentemente emergen en este debate es la aparente tensión entre los derechos de las mujeres y los derechos del no nacido, que desafortunadamente en la reciente discusión se obvió completamente, no considerándose en ningún momento el derecho a la vida del niño por nacer. Nos cuestiona si es conveniente que la corte haya asumido, con tanta determinación, la lectura de un grupo minoritario de la sociedad acerca de los “derechos sexuales y reproductivos” según el cual se incluirían en ellos el “derecho” irrestricto al aborto, mientras que amplios sectores de la sociedad, claramente mayoritarios, mantienen un debate en el que se busca una solución en la que reconociendo algunos derechos sexuales y reproductivos de la mujer, no implique la aceptación del aborto como única posibilidad, sino que compagine tales derechos con el derecho a la vida del no nacido. Da la impresión de que la corte considera que con su resolución se respeta la justicia, la libertad y la dignidad de las mujeres frente a un Estado que no puede ofrecerles mejores condiciones de vida y que el aborto otorga dignidad, libertad y justicia a la mujer, principalmente a la mujer marginada ¿Es esto realmente así?

Por otra parte, hay que reconocer que las recientes resoluciones de la Corte abren espacios para una ulterior ampliación de la posibilidad de abortar y violación del derecho a la vida del no nacido, pero en concreto, no se ha eliminado el delito del aborto, sino sólo se ha determinado que no es punible, en el caso de un tipo específico de aborto que es el aborto autoprocurado. Desde luego, comprendemos todos que el aborto es siempre una decisión extrema y difícil para las mujeres que no deberían ser castigadas, sino apoyadas para no atentar, no sólo contra la vida de su hijo, sino inconscientemente contra sí mismas, pues el aborto comporta una intervención con consiguientes riesgos y traumatismos de tipo somático y psicológicos. Por otra parte, tampoco se debería abrir la puerta a personas y organizaciones que promueven la industria del aborto, y que ahora encuentran el camino allanado para hacerlo impunemente. ¿No sería más adecuado procurar los medios para que el Estado y la sociedad apoyen a las mujeres con un embarazo difícil y con soluciones imaginativas respetuosas del niño por nacer? ¿Realmente facilitar la muerte de un ser humano inocente es el camino adecuado para dar dignidad a las mujeres?

 

 

 

 

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